Criminal Compliance

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CRIMINAL COMPLIANCE, NUEVO ESQUEMA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO PARA PERSONAS JURÍDICAS

En la legislación penal, la responsabilidad de las personas morales, deriva de un sistema de normas jurídicas que determinan los delitos, las penas, las medidas de seguridad, las consecuencias jurídicas accesorias de las personas morales, las principales (directas), y la declaración de responsabilidad penal.

En efecto, el criminal compliance programs, emerge de la necesidad de prevención de la autoresponsabilidad-empresarial, es decir, cuando un injusto penal, es cometido por un ente colectivo. Actualmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se contempla un modelo vicarial, en donde dicho injusto puede trasladarse hacia una persona física (socio o empleado de la empresa) y al ente jurídico. Coligado a que en la ley sustantiva de la materia se establece un catálogo de los delitos que pueden ser cometidos por el ente moral.

Ante ello, el derecho penal moderno cuenta con dos fines imprescindibles la prevención del delito y la maximización de garantías y derechos; los cuales permiten, en todo momento la protección de los bienes jurídicos como un interés social, indispensable para la vida en comunidad mediante el derecho penal.

Para que exista responsabilidad penal de la persona jurídica debe de existir un delito y la Institución Ministerial deberá acreditar un injusto culpable, en el cual se acredite fehacientemente que no hubo control del riesgo organizacional por parte del ente moral, lo cual se encuentra fundamentado en el numeral 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ende, una cuestión preventiva para que no coexista dicha disposición plasmada por el legislador, es el Programa de Cumplimiento Criminal, blindaje con el cual debe contar dicha empresa moral, el cual permite excluir o reducir la responsabilidad penal, o estar en posibilidad de implementar una defensa legal, mucho más estructurada en el evento de que tuviera que enfrentar algún proceso de carácter penal.

En tales condiciones, podemos aseverar, que el programa de cumplimiento, es un sistema organizativo que incluye principios, líneas, directrices, reglas, procedimientos e instrumentos orientados a asegurar el cumplimiento de la legalidad en el desarrollo de las actividades de una organización. Es decir, como sistema empresarial, que se centra en tratar de garantizar la observancia de la normativa jurídico-penal, el cual debe ser realizado por un abogado especializado en materia penal, (denominado oficial de cumplimiento) para impedir que la empresa jurídica y/o empleados cometan conductas relevantes para el derecho penal, para salvaguardar el patrimonio y el prestigio empresarial.

Produciendo con ello, diversos beneficios para la empresa moral, generando mayor confianza en el mercado competitivo, una repercusión positiva ante la bolsa de valores, la posibilidad de brindar una gran apertura de créditos bancarios, la ampliación de alianzas a escala nacional e internacional y lo más importante es que la empresa muestra su lealtad al ordenamiento jurídico y responsabilidad social.